31 de agosto, 2004 - Washington, DC. El mes pasado, en Madrid, se realizó una conferencia internacional sobre el mejoramiento de la gobernabilidad en la Región de América Latina y el Caribe. Ésta constituyó la culminación de un programa de aprendizaje orientado a la acción sobre la Reforma judicial en la región de LAC, utilizando a la GDLN como un aula virtual.

El programa buscaba fortalecer y promover las iniciativas de reforma existentes en la región, al tomar logros anteriores como base y aumentar su impacto. También proporcionaría a los participantes las herramientas para formular o estudiar proyectos, así como facilitar la creación de coaliciones y nuevas alianzas estratégicas.

Los participantes, ubicados en los Centros GDLN en Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana, Venezuela, Perú, Ecuador, Paraguay y México identificaron los siguientes como los principales problemas:

• la deficiencia en la investigación de los casos de corrupción;
  
  
• la carencia de coordinación interinstitucional;
  
  
• la falta de información de los ciudadanos acerca de sus derechos;
  
  
• el conflicto de intereses y la influencia de las elites políticas y económicas;
  
  
• la dificultad de acceso a la justicia para los sectores vulnerables de la sociedad;
  
  
• las relaciones deficientes entre los medios y el poder judicial.

Durante las semanas previas a la conferencia sostenida en España, los participantes de nueve países discutieron sobre las preguntas clave en el proceso de la reforma judicial. Frennie Leautier, Vicepresidente del Instituto del Banco Mundial (WBI), Roberto Dañino, Fiscal General y Vicepresidente principal del Departamento Legal, junto con Ernesto May, Director de Reducción de la Pobreza y la Administración de la Economía (PREM por sus siglas en inglés) para el sector de América Latina y el Caribe, lanzaron el programa en abril. Dañino dijo a la concurrencia de Madrid, por medio de videoconferencia, que los participantes "no sólo aportaron a lograr una mayor comprensión de los temas involucrados en la reforma judicial, sino también hicieron aportaciones sumamente valiosas sobre cómo mejorar la forma en el que el Banco apoya las actividades de reforma judicial."

Dañino también anunció el inicio de un proceso consultivo para desarrollar un nuevo plan de acción integrado del Banco para la reforma judicial, que será guiado por tres principios subyacentes: 1) consultorías continuas con los países asociados; 2) enfoque multidisciplinario e intersectorial; y 3) maximización de la capacidad de conocimiento y gestión del conocimiento del Banco en esta área.

En la conferencia, los equipos de profesionales de los países, que incluían desde jueces, fiscales y abogados, hasta académicos, miembros de la sociedad civil y periodistas, presentaron sugerencias y acciones concretas para llevar a cabo. Por ejemplo:

• Perú buscará mejorar el acceso a la justicia mediante el establecimiento de centros de asesoría legal gratuita en el Ministerio de Justicia, para los demandados y demandantes.
  
  
• Venezuela buscará crear una "casa de justicia" móvil, piloto, en el ámbito estatal, con agentes de justicia en la comunidad que puedan brindar mediación, conciliación, información, orientación y servicios de asesoría legal.
  
  
• La República Dominicana fomentará la participación de la sociedad civil mediante la asignación de representantes de la sociedad civil y el sector privado en el proceso de selección de los candidatos para la Corte Suprema de Justicia.

El programa recibió fuerte apoyo por parte de la comunidad de donantes, incluyendo al gobierno de España. La participación del Banco reflejó la colaboración de varias unidades (Instituto del Banco Mundial, Sector Público de América Latina y el Caribe, Asuntos Externos, Integridad Institucional, Reducción de la Pobreza y Gestión Económica y el Departamento Legal) con el objetivo común de brindar apoyo a las prioridades identificadas por los equipos de los países en el área de la reforma judicial.

Ronald Myers, Gerente del Sector de América Latina y el Caribe, del Grupo del Sector Público, hizo énfasis en que el programa de aprendizaje fue "sumamente productivo para las contrapartes en nuestros proyectos. Este gran esfuerzo incluyó la participación conjunta de varios departamentos del Banco, equipos de proyectos y autoridades españolas. Se espera que el programa cause un impacto positivo medible en los proyectos y el proceso global de la Reforma Legal y Judicial (LJR, por sus siglas en inglés) en América Latina y el Caribe."

Algunos de los desafíos más importantes -y aún no resueltos - sobre los que se discutió durante el programa, y que se presentaron en las conclusiones en Madrid fueron:

Algunos factores son comunes en toda la región, pero un sistema de soluciones específicas requiere de conocimientos enfocados en el país y de un diagnóstico analítico institucional para priorizar las reformas, crear los indicadores del desempeño judicial y medir el impacto de las reformas.

La resolución de disputas y la reducción de los grados de conflicto en el ámbito social significa que es necesario ir más allá del enfoque centrado puramente en la administración de los juzgados. "La reforma judicial es demasiado importante y compleja como para dejarla únicamente en manos de los abogados. En mi experiencia, los esfuerzos exitosos de reforma judicial requieren de un enfoque multidisciplinario, flexible e integrado, que pueda asistir eficazmente a nuestros países prestatarios," expresó Roberto Dañino.

Las múltiples experiencias nacionales e internacionales en las diferentes áreas (corrupción, derechos humanos, acceso a la justicia, el abordamiento del desafío de la captura por parte de la élite) serán útiles para determinar las áreas no exitosas de las iniciativas y las razones por las cuales algunos sistemas funcionan mejor que otros. De acuerdo al discurso de Leautier en la sesión de apertura, la reforma judicial es un área crucial para el desarrollo" puesto que los sistemas judiciales deficientes pueden resultar en costos significativos para la economía del país."

La importancia de reconocer los nexos entre los derechos humanos, la gobernabilidad y el desarrollo. Daniel Kaufmann, Director de los Programas Globales del Instituto del Banco Mundial, ofreció un marco empírico para analizar los nexos y presentó información que indica que el fomento de algunos derechos humanos es importante para alcanzar el desarrollo socio económico.

El Director Ejecutivo para España, Per Kuroswki, expresó su apoyo al tema propuesto por los participantes para fortalecer la agenda del Banco para la gobernabilidad y la reforma judicial. Instituciones como el Banco, el BIDy otras organizaciones internacionales, deben llevar la agenda más allá de las medidas tradicionales, dijo Kuroswki.

Para obtener el material de la conferencia en castellano consulte aquí. Para obtener información acerca del Programa de Reforma Legal y Judicial en inglés, consulte aquí.

Para obtener información adicional respecto a esta actividad, sírvase comunicarse con María González de Asís en mgonzalezasis@worldbank.org. Para enterarse sobre futuras actividades de la GDLN relacionadas con los temas de Reducción de la Pobreza y Administración Económica (PREM), sírvase comunicarse con Jorge Gamarra N. a la dirección de correo electrónico: jgamarranavarro@worldbank.org.